En el derecho procesal, la notificación constituye un acto esencial para garantizar el derecho de defensa y el principio de contradicción, pues mediante ella se asegura que las partes tengan conocimiento formal de las resoluciones judiciales que les afectan. Sin embargo, existe confusión en torno a lo que se entiende por “notificación personal”. Popularmente, se cree que consiste únicamente en la entrega directa del documento en manos del destinatario, pero la normativa guatemalteca y la doctrina especializada demuestran que este concepto es más amplio.

La desestimación regulada en el artículo 310 del Código Procesal Penal guatemalteco constituye una figura de carácter excepcional dentro del sistema penal acusatorio, concebida para evitar la apertura o continuación de procesos penales cuando, desde un análisis preliminar, resulte jurídicamente improcedente la persecución penal. Su finalidad no es evaluar el éxito o fracaso de la investigación, sino constatar, de manera manifiesta, la inexistencia de un presupuesto legal que habilite el ejercicio de la acción penal. No obstante, en la práctica cotidiana del Ministerio Público, esta figura ha sido progresivamente desnaturalizada, utilizándose como un mecanismo recurrente para cerrar denuncias ante dificultades probatorias, deficiencias investigativas o simples criterios de conveniencia institucional.

El recurso de casación tiene su origen histórico en la Revolución Francesa de 1789, cuando surge la necesidad de crear un órgano encargado de garantizar el respeto estricto a las normas dictadas por el poder legislativo y de controlar los actos del poder judicial que se apartaran de ellas. En ese contexto, y bajo la influencia directa de las ideas de Montesquieu sobre la separación de poderes, en el año de 1790 se creó el Tribunal de Casación, cuya función principal consistía en invalidar los procedimientos y sentencias judiciales contrarios al texto expreso de la ley.

Una de las propuestas recurrentes en los discursos de candidatos a diputados —y también de diputados electos— es la eliminación del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), por considerarlo contrario a los principios de justicia fiscal. El argumento central suele partir de una premisa básica del derecho tributario: únicamente deberían gravarse los incrementos patrimoniales. Desde esa perspectiva, el IUSI no parece un buen ejemplo de imposición justa.